El audio que a continuación van a escuchar, es del periodista argentino Eduardo Aliverti que, a modo de editorial opinó en su programa "MARCA DE RADIO", el sábado 24 de Noviembre de 2012 por radio La Red.
ARGENTINA Y LOS FONDOS BUITRES
El audio que a continuación van a escuchar, es del periodista argentino Eduardo Aliverti que, a modo de editorial opinó en su programa "MARCA DE RADIO", el sábado 24 de Noviembre de 2012 por radio La Red.
El escenario del golpe de estado y la victoria campesina-popular
Por Hugo Moldiz Mercado *
5Julio 2012
Una amplia movilización social en defensa de la democracia y el proceso de cambio, sumada a la inteligente posición gubernamental de no caer en la trampa de la provocación, fueron los componentes clave de la estrategia político-militar con la que se desmontó un escenario de golpe de estado contra el presidente Evo Morales.
Era solo cuestión de horas para el tránsito del escenario de golpe de estado a la interrupción del orden constitucional propiamente tal. Es decir, el escenario de golpe de estado -entendido como la configuración y articulación de actores, desarrollo de métodos conspirativos y violentos, metas comunes, la aparición de un liderazgo y apoyo social-, no alcanzó un nivel de madurez suficiente para su materialización.
Solo una obtusa posición contra el gobierno o una complicidad con lo que se estaba gestando, además de una ignorancia de los temas militares, podrían conducir a negar que se estaba construyendo un escenario para un golpe de estado “suave”, el segundo que Morales enfrenta desde que asumió la conducción del país.
El desarrollo del “golpe suave”, una nueva modalidad de desestabilización fabricada en los laboratorios de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que ya ha sido experimentada en Europa del Este y Venezuela, se fue incubando en sectores radicalizados de la ultraderecha boliviana que aprecian con temor el masivo apoyo social con el que cuenta Morales a más de seis años del ejercicio de su mandato (cuatro como presidente del estado mono-civilizatorio y dos como presidente del estado plurinacional).
Esta recreación del golpe como método para interrumpir procesos de amplia participación popular, concebidos por intelectuales como el politólogo estadounidense Gene Sharp, pasa por la puesta en marcha de varias fases, desarrolladas incluso simultáneamente, que van desde el ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, hasta la fractura institucional.
La estrategia golpista se ejecutó con éxito en el derrocamiento del presidente georgiano Eduard Chevarnadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Viktor Yuschenko en Ucrania, en diciembre de 2004.
Desde que América Latina y el Caribe se ha convertido en escenario de disputa entre la emancipación y la dominación, la estrategia del “golpe suave” se ha registrado a través de cinco modalidades. HaN triunfado en Honduras (2009) y Paraguay (2012), pero ha fracasado en Venezuela (2002), Bolivia (2008 y 2012) y Ecuador (2010).
Cambio de estrategias para el derrocamiento
Si concebimos que la estrategia no es algo inmutable en el tiempo, el golpe “suave”, como apuesta fundamental de la derecha boliviana, ha experimentado a la vez un cambio de sus matrices en estos seis años. Se ha pasado de la estrategia para el derrocamiento de Evo Morales a través de métodos violentos (2006-2009) a la estrategia del desgaste prolongado para la derrota del primer presidente indígena de América Latina y el Caribe (enero 2010 para adelante).
Pero la diferencia entre una y otra estrategia es el escenario de su realización. La primera se activó con la participación de grupos paramilitares en los departamentos de la llamada “Media Luna” y la segunda se está desarrollando principalmente en el occidente. No hay duda, la apuesta es por quebrar donde más fuerte es el proceso de cambio y el liderazgo de Morales.
Con ambas estrategias de “golpe suave” se ha apostado y seguramente se lo seguirá haciendo al objetivo fundamental de provocar la renuncia del presidente Evo Morales y lograr la “reversión” de la revolución más profunda que vive este pequeño país ubicado en el corazón de Sudamérica y obviamente la convocatoria a elecciones anticipadas.
El “golpe suave” en su segunda modalidad
Cuando Evo Morales fue electo con el 64% en diciembre de 2009 -las primeras elecciones bajo la nueva Constitución Política del Estado-, era previsible que la derecha iba a cambiar de métodos tácticos y de escenarios en la materialización de su estrategia contrarrevolucionaria y subversiva.
Los métodos tácticos basados en la apropiación del discurso de cambio (apareciendo como más consecuentemente militante de la CPE) han buscado, desde enero de 2010, montarse sobre conflictos sociales protagonizados por organizaciones y movimientos sociales con expectativas sobredimensionadas y en un momento de retorno a los particularismos.
El eje central de la conspiración ha sido y será el surgimiento y crecimiento la conflictividad social y la generación de una “sensación térmica” de ingobernabilidad, de tal manera que meta al país a un callejón sin otra salida que la de colocar en tapete el cuestionamiento de la continuidad del proceso de cambio. La conflictividad social es presentada como un divorcio entre el gobierno y los sectores sociales indígenas, campesinos y populares, cuando en rigor lo que se está viviendo es una relación de correspondencia no armoniosa que en ningún caso implica una ruptura.
No es que cada conflicto social sea el resultado de una capacidad organizativa de la derecha, pues eso sería darle más fuerza de la que realmente tiene, pero también sería ingenuo ignorar que no hay movilización social en la que la oposición desestime montarse -con recursos, infiltrados u otras formas- para llevar agua a su molino.
En ese contexto es que, tras fracasar el intento de la derecha de involucrar a las Fuerzas Armadas en sus planes desestabilizadores (2006-2009), la Policía se ha convertido para la embajada de Estados Unidos en otro de sus actores principales para la construcción permanente de la subversión. El esfuerzo a desplegar tampoco es mucho, ya que esta fuerza del aparato estatal -todavía no transformada radicalmente a pesar del Patria o Muerte con el que cierran sus principales actos-, ha tenido desde hace años una relación carnal con la legación estadounidense y sus servicios secretos de inteligencia, como la CIA y el FBI.
En lo más cercano en el tiempo, esta estrategia hacia el aparato armado encargado de garantizar el orden público interno se desarrolló con mayor fuerza desde febrero pasado, cuando el entonces Alto Mando policial descubrió una operación clandestina de la embajada de los Estados Unidos para el traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni al departamento de Santa Cruz. Dos oficiales bolivianos -de los que uno es el jefe de seguridad de la embajada estadounidense-, fueron detenidos en plena ejecución de la operación.
La embajada no iba a quedarse con los brazos cruzados y aprovechó una oportunidad para cortar la cabeza del general Jorge Santiesteban, quien además fue un actor clave para desmontar en abril de 2009 los planes desestabilizadores y de magnicidio de un grupo paramilitar integrado por extranjeros a iniciativa de la ultraderecha. Una denuncia sobre el ingreso irregular de 54 jóvenes a la Academia Nacional de la Policía, cuyos orígenes todavía no son claros, fue el instrumento funcional al desarrollo creciente de la conspiración desde la Policía. El nombramiento del Coronel Maldonado como sustituto no frenó el plan, sino más bien incorporó otro factor de malestar en las filas policiales: no egresó de la academia.
Entonces, apoyados en una reivindicación, bastante comprensible por las condiciones de trabajo y las salariales de los policías de base, se activó un amotinamiento que se veía venir y se pasó aceleradamente de la movilización por demandas justas a la construcción de un escenario de golpe de estado, entendido éste concepto como el impulso de medidas activas, propias y ajenas, para generar crisis política, aparente o real, en la perspectiva de su articulación para interrumpir el orden constitucional.
El escenario de golpe se caracterizó por: la toma violenta de la UTOP (para reeditar simbólicamente los hechos de febrero de 2003), la deliberación, el uso de capuchas y la exhibición de armas, la quema de documentación, la participación de ex policías y el auto-ascenso de grado de uno de ellos, la designación no institucional de la ex esposa de un policía como defensora del policía, el ingreso de armas de grueso calibre a las unidades de La Paz, Cochabamba y Tarija, las arengas políticas contra el presidente Evo Morales, la búsqueda de otros aliados contrarios al gobierno y los atentados dinamiteros contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Palacio de Gobierno y Radio Patria Nueva.
Las aspiraciones golpistas se nutrían de la esperanza de que, en el tiempo, convergieran otros tres elementos: que la marcha indígena llegara antes del plazo previsto, que el gobierno sacara a los militares de los cuarteles, y que otros sindicatos radicalizados se sumaran a la protesta. El objetivo, generar una “sensación térmica de ingobernabilidad” y provocar la muerte de algunos civiles, policías y militares para convulsionar el país y dar el zarpazo final.
El escenario de golpe se desactivó, por el contrario, por las siguientes razones: una mayoría de los indígenas de la marcha aprobó la línea de aplazar su arribo a la sede de gobierno por 24 horas, el presidente Evo Morales ordenó a las fuerzas armadas no salir por ningún motivo, los militares pasivos no lograron agitar las aguas dentro de los militares activos, los maestros y trabajadores de la salud no acataron la convocatoria de sus dirigentes y la ausencia de liderazgo fue notable.
Pero si hay algo que contribuyó a desactivar el escenario de golpe de estado fue la combinación de dos factores: primero, la resistencia del gobierno para no caer en la provocación y la creciente movilización social en varios departamentos del país y particularmente hacia la ciudad sede de gobierno. Los campesinos y trabajadores, abandonaron sus intereses particulares y protagonizaron una poderosa movilización social en ascenso. Como las victorias conquistadas desde 2006, la derrota de los afanes golpistas solo fue posible por la combinación del poder del estado y el poder del pueblo en las calles.
El uso de los medios de comunicación
Esta nueva modalidad golpista tendría pocas posibilidades de éxito sin el aporte, directo o no, de los medios de comunicación privados que se encargan de reproducir y amplificar en detalle los gritos de la oposición y de callar las medidas y los reclamos del oficialismo.
Es una locura orientar el dedo en alguna dirección, pero la experiencia de Ucrania, Georgia, Venezuela, Ecuador y la de Bolivia, que experimentaron la fuerza del “golpe suave”, confirma el uso que los conductores de la desestabilización hacen de climas construidos por ciertos criterios informativos, por muy inocentes que resulten siendo una parte de ellos.
También, coincidencia o no, esta suerte de coordinación mediática se ha producido a partir de que Morales asumió la conducción del país, ya sea para dar cuenta de una posición frente a la nacionalización del petróleo y la Asamblea Constituyente, según puso en evidencia el Observatorio de Medios de la Fundación UNIR, o en torno a las consultas por los estatutos autonómicos, la elección de Prefecto en Chuquisaca y el referéndum revocatorio de mandato. Todos en el período 2006-2009.
A partir de enero de 2010, la ofensiva mediática se ha ampliado y ha cambiado de orientación. Ha pasado de legitimar la violencia paramilitar a construir al menos las siguientes matrices de opinión: Evo, enemigo de los indígenas; Evo, desarrollista y enemigo de la Madre Tierra; Evo, permisible con el narcotráfico; Evo, autoritario (violador de los derechos humanos y la libre expresión) y Evo aliado de países que alientan el terrorismo.
Llama la atención que importantes medios de comunicación hayan contribuido -premeditadamente o no- al escenario de golpe de estado al hacer énfasis en las precarias condiciones de los policías (que nunca fue negado por el gobierno) antes que alertar sobre los métodos y las formas violentas en que se desplegaba el motín policial.
Una revisión de las editoriales, de los titulares y de las fuentes consultadas permite apreciar, sin mucho esfuerzo, elementos comunes en varios medios de comunicación privados de su posición frente al gobierno y que han sido utilizados por la oposición en todos sus ámbitos.
———–
RECUADRO
Las etapas del “Golpe Suave”
De acuerdo al politólogo estadounidense Gene Sharp, la estrategia del “golpe suave” puede desarrollarse por etapas jerarquizadas o simultáneamente. En el caso boliviano más o menos es de la siguiente manera.
1ra etapa: ablandamiento (empleando la guerra de IV generación)
• Desarrollo de matrices de opinión centradas en déficit reales o potenciales.
• Cabalgamiento de los conflictos y promoción del descontento.
• Promoción de factores de malestar, entre los que destacan: desabastecimiento, criminalidad, manipulación del dólar, paro patronal y otros.
• Denuncias de corrupción, promoción de intrigas sectarias y fractura de la unidad
2da etapa: deslegitimación
• Manipulación de los prejuicios anti-comunistas.
• Impulso de campañas publicitarias en defensa de la libertad de prensa, derechos humanos y libertades públicas.
• Acusaciones de totalitarismo y pensamiento único.
• Fractura ético-política.
3ra etapa: calentamiento de calle
• Cabalgamiento de los conflictos y fomento de la movilización de calle.
• Elaboración de una plataforma de lucha que globalicen las demandas políticas y sociales.
• Generalización de todo tipo de protestas, exponenciando fallas y errores gubernamentales.
• Organización de manifestaciones, trancas y tomas de instituciones públicas que radicalicen la confrontación
4ta etapa: combinación de diversas formas de lucha
• Organización de marchas y tomas de instituciones emblemáticas, con el objeto de coparlas y convertirlas en plataforma publicitaria.
• Desarrollo de operaciones de guerra psicológica y acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad.
• Impulso de campaña de rumores entre fuerzas militares y tratar de desmoralizar los organismos de seguridad
5ta etapa: fractura institucional
Sobre la base de las acciones callejeras, tomas de instituciones y pronunciamiento militares, se obliga la renuncia del presidente.
En casos de fracasos, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada.
Preparación del terreno para una intervención militar del imperio o el desarrollo de una guerra civil prolongada.
Promoción del aislamiento internacional y el cerco económico.
*Es abogado boliviano, comunicador, docente universitario, investigador, máster en Relaciones Internacionales y corresponsal de agencias internacionales de noticias. Ha asesorado algunas comisiones de la Asamblea Constituyente de Bolivia.
Publicado en Cubadebate {http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/07/05/el-escenario-del-golpe-de-estado-y-la-victoria-campesina-popular/} Leer más
Sin Evo, Bolivia sería la Honduras de América del Sur
| Ollantay Itzamná |
|
En
los últimos días, con inusitado asombro, vemos, oímos y leemos a la
implacable caballería de la oposición boliviana crepitando en contra del
impopular y ecocida indio Presidente. Algunos políticos de “vanguardia
revolucionaria” exigen la destitución del Presidente mediante
revocatoria de mandato. Otros activistas revolucionarios, desde las
calles, incluso plantean que Evo sea colgado como el ex Presidente
Gualberto Villarroel (asesinado por una turba en 1945). Así, el anti
sujeto del proceso boliviano descarga toda su artillería, desde los
medios de información y redes sociales, para desvirtuar dicho proceso
que según ellos sólo beneficia a la empresa privada.
Ante
estas mentiras, que la dictadura mediática paulatinamente los va
convirtiendo en verdades en el imaginario colectivo, es importante
aproximarnos a la realidad actual boliviana y compararla con la
situación integral de la Honduras actual, la histórica hermana siamesa
de Bolivia en el empobrecimiento.
Hasta hace 7 años atrás, Honduras y Bolivia competían por el penúltimo puesto regional en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Honduras
y Bolivia cuentan con similar cantidad poblacional. Honduras tiene la
“ventaja” de contar con una población culturalmente homogénea (mestiza)
en un territorio 10 veces más pequeño que el de Bolivia. Desde una
perspectiva geopolítica, Honduras es el corazón de Centro América, así
como Bolivia es de Sudamérica, situación que las predestinó al dominio
estratégico del Imperio.
A
ambos, el Imperio les aplicó los mismos métodos represivos bajo la
Doctrina de Seguridad, la Alianza para el Progreso y el Consenso de
Washington. Ambos países reiniciaron su etapa “democrática” a inicios de
la década de los 80 del pasado siglo (incluso bajo presidentes que
coincidieron en el apellido, Suazo Córdova en Honduras, y Siles Suazo en
Bolivia). En las mismas fechas, el FMI y BM, comenzaron a aplicar
programas de ajuste estructural (receta neoliberal) para salvar las
economías de estas dos repúblicas siamesas.
Hasta
hace tan sólo 7 años atrás, Honduras y Bolivia, producto de las
canalladas de sus élites oligarcas serviles a los intereses del Imperio
corporativo, competían entre sí por el penúltimo puesto en las
categorías del IDH. Recuerdo que cada fin de año, gobiernos de ambos
países salían en competencia hacia la comunidad internacional, sombrero
en mano, a pedir limosnas pagar los sueldos y aguinaldos de fin de año a
sus trabajadores. Ambos fueron declarados económicamente insolventes, y
se les condonó incluso el pago de la inmoral deuda externa.
Para
quienes gustan de números, hace 7 años atrás, Honduras y Bolivia
contaban con un promedio similar de Producto Interno Bruto (PIB), de 10
mil millones de dólares cada una. De los cuales, los estados sólo
contralaban entre el 15 y 17%. En ambos casos, el ingreso anual promedio
per cápita era de alrededor de 800 dólares. Entre el 10 y 14% de las
poblaciones económicamente activas, de ambos países, estaban
desempleadas. Esta situación laboral expulsó a más de 1.2 millones de
hondureños hacia los EEUU. En el caso de bolivianos, hacia España.
Las
reservas financieras internacionales de ambos países también eran
similares, bordeaban los mil quinientos millones de dólares. En ambos
casos, la situación de extrema pobreza carcomía alrededor del 40 al 50%
del total de la población. El analfabetismo, la desnutrición, la
desarticulación caminera, etc. convertían a ambos países en el África
empobrecida del Abya Yala, junto a Haití. Recuerdo que en el 2004,
Bolivia era catalogada como un Estado fallido por analistas
internacionales. Entonces, muchos bolivianos y hondureños se
avergonzaban de llevar el gentilicio de sus países de origen en el
extranjero.
¿Por qué estas dos repúblicas siamesas, ahora, son diferentes?
Pero
hace 7 años atrás ambos países tomaron rumbos distintos. Contra todo
pronóstico y esfuerzo discursivo neoliberal, Bolivia optó por el
“diabólico” y “anticristiano” proceso de cambio impulsado por la
“chusma” indígena y campesina, y Honduras no quiso apostar lo cierto por
lo incierto y afianzo su sistema neoliberal que le prometía convertirla
en un paraíso terrenal madi in USA. Entonces, las consecuencias
actuales son diferentes.
En
la actualidad, el PIB boliviano bordea los 20 mil millones de dólares,
de los cuales el Estado plurinacional controla más del 34%. Honduras
languidece con un PIB de 10 mil millones de dólares controlado casi por
completo por la empresa privada.
El
ingreso promedio per cápita en Bolivia, para el 2010, era de 1,833
dólares, y en Honduras el promedio actual sigue siendo de 700 dólares.
Las actuales reservas internacionales de Honduras son menos de mil
quinientos millones de dólares (más bajo que hace 7 años atrás). Las
reservas internacionales de Bolivia, al 2011, superan los 12 mil
millones de dólares. Este crecimiento del ahorro boliviano hizo que la
agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s catalogara
actualmente al país en la categoría de BB, mientras que Honduras sigue
en –B.
Para
el 2010, en Bolivia, cerca de un millón de personas de escasos ingresos
pasaron a engrosar a la clase media. Mientras en Honduras, el valor
adquisitivo de su moneda frente al dólar se sigue depreciando (el único
país en el continente en el que el dólar sube de precio frente a la
moneda nacional).
En
Honduras, según el INE, 2010, cerca del 70% de su población se
encuentra en situación de pobreza, y un promedio del 50%, en extrema
pobreza (mucho peor que hace 7 años). Para la misma fecha, en Bolivia,
la extrema pobreza se redujo al 25%, y la moderada, al 49%. En Honduras
las y los desempleados suman cerca de 2 millones. Es decir, como el 40%
de su población económicamente activa. En Bolivia, el desempleo para el
2011 era del 5.9%.
Desde
el 2006, Bolivia dejó de pedir limosnas en los espacios internacionales
para cumplir con sus obligaciones salariales, porque el Estado gracias
la recuperación soberana de sus bienes, políticas de austeridad
gubernamental y lucha contra la corrupción, logró mantener superávit
fiscal. Mientras en Honduras miles de profesores, en 2012, esperan
cobrar sus sueldos incluso de hace dos años atrás. El 70% del
presupuesto general del Estado hondureño depende de la ayuda
internacional. Honduras sigue igual o peor endeudado que antes de la
“condonación” y dispone entre el 30 a 40% de su presupuesto para cumplir
con las obligaciones de sus nuevas deudas.
A
nivel general, la pertinaz apuesta por el sistema neoliberal recargado
llevó actualmente a Honduras al descalabro total. Un país con un Estado
prácticamente inexistente. Con una sociedad violenta y desintegrada.
Cada 75 minutos se asesina violentamente a una persona, y no existe
investigación, ni cárceles que soporten la carga demográfica de presos.
Los
jinetes neoliberales de Honduras, incluso apostaron equivocadamente a
un golpe de Estado criminal para mantener el sistema y contrarrestar los
vientos del Sur, pero el antídoto fue peor que la enfermedad. El golpe
terminó fulminando al Estado aparente, afianzado la corrupción e
impunidad, e instaurando la cultura de la muerte.
En
los últimos años, Honduras, de ser un Estado fallido, transitó
inmediatamente a una sociedad fallida y actualmente su territorio es
despedazado por narco gobiernos locales y el crimen organizado que
capitalizan los remanentes de lo que fueron instituciones estatales. En
Honduras ya nadie discute la condición del país como un Estado fallido.
Mientras
esto ocurre con Honduras, su histórica hermana siamesa en el
empobrecimiento, Bolivia, continúa avanzando en la vanguardia
internacional, no sólo intentando pensar otro mundo posible desde
Bolivia, sino apostándole a la cultura de la vida (Buen Vivir) con
dignidad y soberanía. En este esfuerzo, se cometen errores porque no
existen libretos, ni manuales para emprender nuevos caminos en un oscuro
sistema-mundo-occidental que no termina de morir.
Quienes
por miopía intelectual u oportunismo político se esfuerzan por
desvirtuar el proceso boliviano encabezado por el Compañero Evo deberían
recordar en qué condiciones se encontraba Bolivia hace 7 años atrás.
Deberían detenerse un momento e imaginar el actual nefasto destino
hondureño como una desgracia que el pueblo boliviano evitó y evita con
su lucha.
Gracias
al trabajo, sacrificio y creatividad de todo el pueblo consciente y de
sus gobernantes, Bolivia no es la misma de hace 7 años atrás. Existen
errores, pero eso no quiere decir que todo lo que se hace desde el
gobierno sea malo. Que el proceso boliviano aún no se haya convertido en
la panacea o relevo al sistema-mundo-occidental en crisis es muy
distinto, pero eso no quiere decir que en Bolivia la gente viva peor que
hace 7 años atrás.
Fuente Agencia Latinoamericana de Información http://alainet.org/active/55095
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El oxímoron de los “mercados autorregulados
Alberto Rabilotta
Oxímoron, en el Diccionario de la Lengua Española, significa “combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que origina un nuevo sentido: por ejemplo, silencio atronador”. Otro ejemplo (que no figura en el diccionario) es la expresión “mercados autorregulados”, o sea el sistema neoliberal que para sobrevivir “exige regularmente la intervención estatal y la acción coercitiva del Estado”.
El Consenso de Bruselas, como antes el Consenso de Washington
En la Cumbre de la Unión Europea (UE) que tuvo lugar en Bruselas el pasado 30 de enero se acordó un Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria que por insistencia de Alemania, como señala el diario británico The Guardian, convierte a la Comisión Europea (CE) en organismo “escrutador” de los presupuestos estatales que de ahora en adelante confeccionarán los países miembros de la UE, y a la Corte de Justicia Europea (CJE) en la institución que aplicará “el rigor fiscal” en la zona euro (ZE).
Para decirlo más claramente, este Tratado (que no forma parte de los Tratados de la UE para evitar el proceso de ratificación y permitir que entre en vigor con únicamente el apoyo de sólo 12 de los 27 países de la UE) convierte a la CE en la instancia supranacional que decidirá, en lugar de los parlamentos, la política del gasto estatal, y a la CJE en la “policía fiscal supranacional” que, retomando la cobertura del diario británico, “puede aplicar de manera casi automática” multas a los Estados que de manera persistente no cumplan con las nuevas reglas que ilegalizan los déficits fiscales. Y el Tratado hace obligatorio para los 17 países de la ZE, y aquellos que serán aceptados en el futuro, la adopción de legislaciones de cumplimiento obligatorio o enmiendas constitucionales para “abolir el derecho de los gobiernos a incurrir en excesivos niveles de deuda nacional”.
La Canciller alemana Angela Merkel, según el diario, dijo que “este freno a la deuda será de cumplimiento obligatorio y válido por la eternidad. Nunca (los gobiernos) podrán cambiarlo mediante una mayoría parlamentaria”. O sea, para decirlo en términos más crudos, la democracia parlamentaria nunca podrá liberarse de esta camisola de fuerza impuesta por los “sagrados” intereses de la plutocracia financiera y sus aliados.
En suma, la UE institucionalizó para la ZE un engendro equivalente al Consenso de Washington (CW de 1989) que con sus diez mandamientos (1) sirvió para que el Banco Mundial, el FMI y demás instituciones controladas por Estados Unidos (EE.UU.), impusieran en América latina durante la década de los 90 las políticas de gobierno destinadas a destruir lo que quedaba en pie del “Estado benefactor” y hacer germinar los “mercados autorregulados”, o sea el neoliberalismo: políticas de austeridad, de déficit cero, de libre comercio, de inversiones extranjeras protegidas, de privatización de los servicios públicos, la “movilidad” laboral para destruir los sindicatos y aplicar bajas salariales, entre otras cosas más que provocaron desastrosas y durables consecuencias socioeconómicas para los pueblos latinoamericanos.
Tal política será ahora aplicada de manera total en Grecia y demás países de la ZE que cargan con el fardo de una deuda pública producto, en buena medida, de la “socialización” de las pérdidas de los bancos privados europeos, que dicho sea de paso han sido y seguirán siendo salvados de la insolvencia por el Banco Central Europeo para que recuperen la posición dominante en el sector financiero.
La deriva autoritaria del gobierno de la señora Merkel quedó en evidencia en los días que precedieron a la Cumbre de Bruselas, cuando funcionarios alemanes filtraron a la prensa que Alemania exigía que “Grecia cediera su poder en materia de presupuestos a la UE”. La propuesta de enviar un “comisario” de la UE para elaborar el presupuesto del gobierno de Atenas causó revuelos en Grecia, Italia y otros países endeudados que, a cambio de una “ayuda” que salvará a los bancos acreedores, deben aplicar los brutales programas de ajustes estructurales y la política de “cero déficit” presupuestario.
Hay analistas, como el estratega de inversiones Marshall Auerback (The Germans Launch a Blitzkrieg on the Greek Debt Negotiations, en nakedcapitalism.com) que en esta amenaza de la Canciller Merkel y la Troika (la CE, el Banco Central Europeo y el FMI), de que “la austeridad fiscal será aplicada en nuestros términos”, ven una señal a los otros países endeudados, como Portugal, España, Irlanda e Italia: “Traten Ustedes de renegociar (la deuda) como están haciendo los griegos y los pondremos bajo nuestro control. La otra alternativa es que se vayan de la ZE”.
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Sin pesimismo, pero el presente se parece mucho al pasado
En 1944, cuando la segunda Guerra Mundial provocada por el fascismo estaba terminando en Europa y continuaba en Asia, el economista húngaro Karl Polanyi publicaba en Londres la primera edición de La Gran Transformación, un libro muy bien documentado sobre la historia del liberalismo económico, el “laissez-faire” o los “mercados autorregulados”, las crisis que provocó a lo largo del siglo 19 y comienzos del 20, su desplome como consecuencia de la Gran Depresión de los años 30 y el surgimiento del corporativismo fascista.
“Retrospectivamente se cargará al activo de nuestra época el haber asistido al final del mercado autorregulador. Los años veinte (del siglo 20) vieron el prestigio del liberalismo económico en su apogeo. Centenas de millones de seres humanos sufrieron el flagelo de la inflación, clases enteras, naciones enteras fueron expropiadas. La estabilización de las monedas devino el punto focal del pensamiento político de pueblos y de gobiernos; la restauración del patrón oro se convirtió en el objetivo supremo de todos los esfuerzos organizados en el terreno de la economía. Se reconoció el reembolso de los empréstitos extranjeros y el retorno a una moneda estable como las piedras de toque de la racionalidad en política, y se consideró que ningún sufrimiento personal, ninguna injerencia en la soberanía era un sacrificio demasiado grande para recuperar la integridad monetaria. La privación de los desempleados a quienes la deflación había hecho perder sus empleos, la indigencia total de los funcionarios cesanteados, sin siquiera una pensión de miseria; e incluso el abandono de los derechos de la nación y la pérdida de las libertades constitucionales fueron juzgadas como un precio justo a pagar para responder a las exigencias de presupuestos sanos y de monedas sólidas, las prioridades del liberalismo económico (Karl Polanyi, La Grande Transformation, Editions Gallimard, páginas 192-193)
Mientras que actualmente el discurso oficial de los gobiernos, instituciones y la plutocracia financiera que propulsan el neoliberalismo ataca cualquier forma de intervencionismo económico, como las políticas de planificación económica y los estímulos para aumentar la demanda agregada y generar empleos, aduciendo que los mercados autorregulados excluyen la intervención estatal, en realidad - y como señalaba Polanyi en la obra citada – “este liberalismo económico exige regularmente la intervención estatal “y la acción coercitiva del Estado”. Pero no para beneficio de la economía, del empleo, sino de los intereses capitalistas que están en posición dominante.
Las sucesivas decisiones de la Cumbre de la UE, y lo mismo podría decirse de las tomadas por los gobiernos de Washington y Londres desde que se disparó la crisis en el 2008 y hasta el momento, son pruebas irrefutables de que los supuestos mercados autorregulados existen y prosperan en detrimento de la población en general gracias a una intervención cada vez más coercitiva de los Estados. Como escribe Polanyi (página 200 de la obra citada), el Estado interviene para establecer (el liberalismo económico) y, una vez establecido, para mantenerlo.
¿Cuáles son los peligros de este intervencionismo antipopular y autoritario del Estado para mantener el neoliberalismo? Recapitulando sobre el nacimiento y la expansión del fascismo como consecuencia de la crisis monetaria, financiera y económica de los años 30, Polanyi apunta que “la obstinación con la cual, durante diez críticos años, los defensores del liberalismo económico habían sostenido el intervencionismo autoritario al servicio de las políticas deflacionistas tuvieron como consecuencia pura y simple el debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas (los partidos socialdemócratas y socialistas, los sindicatos) que habrían podido desviar la catástrofe fascista. Gran Bretaña y Estados Unidos, que no eran los sirvientes sino los patrones de la moneda, abandonaron el patrón oro lo bastante rápido como para escapar a este peligro (página 302), y agrega más adelante (página 305) que si jamás un movimiento político respondió a las necesidades de una situación objetiva, en lugar de ser la consecuencia de causas fortuitas, ese fue bien el fascismo.
El fascismo, continúa Polanyi, proponía una manera de escapar a la situación institucional sin salida que era, en lo esencial, la misma en un gran número de países, y por lo tanto el ensayo de este remedio sirvió para propagar por doquier una enfermedad mortal. Así mueren las civilizaciones. Podemos describir la solución fascista al impasse en el cual se había metido el capitalismo liberal como una reforma de la economía de mercado realizada a cambio de la extirpación de todas las instituciones democráticas, a la vez en el terreno de las relaciones industriales y en el campo político.
No es casual que hoy día, en una situación de grave crisis y con el desempleo alcanzando niveles inaceptables en la UE, particularmente entre los jóvenes, con el empobrecimiento enraizándose aun en partes de la clase media, que la extrema derecha neofascista haya llegado o forme parte de los gobiernos de varios países europeos. Una extrema derecha consistentemente antidemocrática que retoma las banderas del nacionalismo primario y excluyente, que no abandonó su esencia xenofóbica ni el uso de la lucha de clases para amedrentar a las fuerzas realmente progresistas, y que, como en su origen Mussolini y los nazis alemanes, tienen un demagógico discurso “anticapitalista” para atraer el voto de los trabajadores afectados por las bajas salariales o el despido, de la pequeña burguesía aplastada por los monopolios comerciales, industriales y financieros, de las clases medias empobrecidas y carentes de perspectivas.
Todo lo anterior es también válido para Gran Bretaña, EE.UU., Canadá y otros países capitalistas avanzados, donde es evidente una deriva autoritaria que se acentúa con la concentración del poder - por la exclusión evidente de los parlamentos y asambleas nacionales del proceso de debate y toma de decisiones de cualquier asunto de importancia - en manos de los Poderes Ejecutivos que defienden exclusivamente los intereses de las finanzas, de las transnacionales, las petroleras y mineras que a su vez financian los partidos políticos de gobierno, o sea los partidos que se alternan para fundamentalmente proseguir la misma política.
Esta deriva autoritaria para salvar los mercados autorregulados puede terminar en una vieja o nueva forma de totalitarismo. Todo está en su lugar para reprimir el descontento popular que lógicamente nacerá masivamente en los próximos meses, a medida que la situación se deteriore en muchos países. La represión es un elemento indispensable para poder aplicar esta austeridad salvaje. Así fue en Sudamérica, tierra de experimentación del neoliberalismo, de todas las terapias de choque y demás infamias del sistema imperialista, como suele recordar el historiador estadounidense Greg Grandin.
Nota
1.- Los “diez mandamientos” del CW están en su mayoría incluidos en los Tratados y principios que guían la UE. El Tratado adoptado el 30 de enero pasado retoma “primer mandamiento” y lo convierte en un absoluto: Disciplina presupuestaria. Los presupuestos públicos no pueden tener déficit.
El Consenso de Bruselas, como antes el Consenso de Washington
En la Cumbre de la Unión Europea (UE) que tuvo lugar en Bruselas el pasado 30 de enero se acordó un Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria que por insistencia de Alemania, como señala el diario británico The Guardian, convierte a la Comisión Europea (CE) en organismo “escrutador” de los presupuestos estatales que de ahora en adelante confeccionarán los países miembros de la UE, y a la Corte de Justicia Europea (CJE) en la institución que aplicará “el rigor fiscal” en la zona euro (ZE).
Para decirlo más claramente, este Tratado (que no forma parte de los Tratados de la UE para evitar el proceso de ratificación y permitir que entre en vigor con únicamente el apoyo de sólo 12 de los 27 países de la UE) convierte a la CE en la instancia supranacional que decidirá, en lugar de los parlamentos, la política del gasto estatal, y a la CJE en la “policía fiscal supranacional” que, retomando la cobertura del diario británico, “puede aplicar de manera casi automática” multas a los Estados que de manera persistente no cumplan con las nuevas reglas que ilegalizan los déficits fiscales. Y el Tratado hace obligatorio para los 17 países de la ZE, y aquellos que serán aceptados en el futuro, la adopción de legislaciones de cumplimiento obligatorio o enmiendas constitucionales para “abolir el derecho de los gobiernos a incurrir en excesivos niveles de deuda nacional”.
La Canciller alemana Angela Merkel, según el diario, dijo que “este freno a la deuda será de cumplimiento obligatorio y válido por la eternidad. Nunca (los gobiernos) podrán cambiarlo mediante una mayoría parlamentaria”. O sea, para decirlo en términos más crudos, la democracia parlamentaria nunca podrá liberarse de esta camisola de fuerza impuesta por los “sagrados” intereses de la plutocracia financiera y sus aliados.
En suma, la UE institucionalizó para la ZE un engendro equivalente al Consenso de Washington (CW de 1989) que con sus diez mandamientos (1) sirvió para que el Banco Mundial, el FMI y demás instituciones controladas por Estados Unidos (EE.UU.), impusieran en América latina durante la década de los 90 las políticas de gobierno destinadas a destruir lo que quedaba en pie del “Estado benefactor” y hacer germinar los “mercados autorregulados”, o sea el neoliberalismo: políticas de austeridad, de déficit cero, de libre comercio, de inversiones extranjeras protegidas, de privatización de los servicios públicos, la “movilidad” laboral para destruir los sindicatos y aplicar bajas salariales, entre otras cosas más que provocaron desastrosas y durables consecuencias socioeconómicas para los pueblos latinoamericanos.
Tal política será ahora aplicada de manera total en Grecia y demás países de la ZE que cargan con el fardo de una deuda pública producto, en buena medida, de la “socialización” de las pérdidas de los bancos privados europeos, que dicho sea de paso han sido y seguirán siendo salvados de la insolvencia por el Banco Central Europeo para que recuperen la posición dominante en el sector financiero.
La deriva autoritaria del gobierno de la señora Merkel quedó en evidencia en los días que precedieron a la Cumbre de Bruselas, cuando funcionarios alemanes filtraron a la prensa que Alemania exigía que “Grecia cediera su poder en materia de presupuestos a la UE”. La propuesta de enviar un “comisario” de la UE para elaborar el presupuesto del gobierno de Atenas causó revuelos en Grecia, Italia y otros países endeudados que, a cambio de una “ayuda” que salvará a los bancos acreedores, deben aplicar los brutales programas de ajustes estructurales y la política de “cero déficit” presupuestario.
Hay analistas, como el estratega de inversiones Marshall Auerback (The Germans Launch a Blitzkrieg on the Greek Debt Negotiations, en nakedcapitalism.com) que en esta amenaza de la Canciller Merkel y la Troika (la CE, el Banco Central Europeo y el FMI), de que “la austeridad fiscal será aplicada en nuestros términos”, ven una señal a los otros países endeudados, como Portugal, España, Irlanda e Italia: “Traten Ustedes de renegociar (la deuda) como están haciendo los griegos y los pondremos bajo nuestro control. La otra alternativa es que se vayan de la ZE”.
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Sin pesimismo, pero el presente se parece mucho al pasado
En 1944, cuando la segunda Guerra Mundial provocada por el fascismo estaba terminando en Europa y continuaba en Asia, el economista húngaro Karl Polanyi publicaba en Londres la primera edición de La Gran Transformación, un libro muy bien documentado sobre la historia del liberalismo económico, el “laissez-faire” o los “mercados autorregulados”, las crisis que provocó a lo largo del siglo 19 y comienzos del 20, su desplome como consecuencia de la Gran Depresión de los años 30 y el surgimiento del corporativismo fascista.
“Retrospectivamente se cargará al activo de nuestra época el haber asistido al final del mercado autorregulador. Los años veinte (del siglo 20) vieron el prestigio del liberalismo económico en su apogeo. Centenas de millones de seres humanos sufrieron el flagelo de la inflación, clases enteras, naciones enteras fueron expropiadas. La estabilización de las monedas devino el punto focal del pensamiento político de pueblos y de gobiernos; la restauración del patrón oro se convirtió en el objetivo supremo de todos los esfuerzos organizados en el terreno de la economía. Se reconoció el reembolso de los empréstitos extranjeros y el retorno a una moneda estable como las piedras de toque de la racionalidad en política, y se consideró que ningún sufrimiento personal, ninguna injerencia en la soberanía era un sacrificio demasiado grande para recuperar la integridad monetaria. La privación de los desempleados a quienes la deflación había hecho perder sus empleos, la indigencia total de los funcionarios cesanteados, sin siquiera una pensión de miseria; e incluso el abandono de los derechos de la nación y la pérdida de las libertades constitucionales fueron juzgadas como un precio justo a pagar para responder a las exigencias de presupuestos sanos y de monedas sólidas, las prioridades del liberalismo económico (Karl Polanyi, La Grande Transformation, Editions Gallimard, páginas 192-193)
Mientras que actualmente el discurso oficial de los gobiernos, instituciones y la plutocracia financiera que propulsan el neoliberalismo ataca cualquier forma de intervencionismo económico, como las políticas de planificación económica y los estímulos para aumentar la demanda agregada y generar empleos, aduciendo que los mercados autorregulados excluyen la intervención estatal, en realidad - y como señalaba Polanyi en la obra citada – “este liberalismo económico exige regularmente la intervención estatal “y la acción coercitiva del Estado”. Pero no para beneficio de la economía, del empleo, sino de los intereses capitalistas que están en posición dominante.
Las sucesivas decisiones de la Cumbre de la UE, y lo mismo podría decirse de las tomadas por los gobiernos de Washington y Londres desde que se disparó la crisis en el 2008 y hasta el momento, son pruebas irrefutables de que los supuestos mercados autorregulados existen y prosperan en detrimento de la población en general gracias a una intervención cada vez más coercitiva de los Estados. Como escribe Polanyi (página 200 de la obra citada), el Estado interviene para establecer (el liberalismo económico) y, una vez establecido, para mantenerlo.
¿Cuáles son los peligros de este intervencionismo antipopular y autoritario del Estado para mantener el neoliberalismo? Recapitulando sobre el nacimiento y la expansión del fascismo como consecuencia de la crisis monetaria, financiera y económica de los años 30, Polanyi apunta que “la obstinación con la cual, durante diez críticos años, los defensores del liberalismo económico habían sostenido el intervencionismo autoritario al servicio de las políticas deflacionistas tuvieron como consecuencia pura y simple el debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas (los partidos socialdemócratas y socialistas, los sindicatos) que habrían podido desviar la catástrofe fascista. Gran Bretaña y Estados Unidos, que no eran los sirvientes sino los patrones de la moneda, abandonaron el patrón oro lo bastante rápido como para escapar a este peligro (página 302), y agrega más adelante (página 305) que si jamás un movimiento político respondió a las necesidades de una situación objetiva, en lugar de ser la consecuencia de causas fortuitas, ese fue bien el fascismo.
El fascismo, continúa Polanyi, proponía una manera de escapar a la situación institucional sin salida que era, en lo esencial, la misma en un gran número de países, y por lo tanto el ensayo de este remedio sirvió para propagar por doquier una enfermedad mortal. Así mueren las civilizaciones. Podemos describir la solución fascista al impasse en el cual se había metido el capitalismo liberal como una reforma de la economía de mercado realizada a cambio de la extirpación de todas las instituciones democráticas, a la vez en el terreno de las relaciones industriales y en el campo político.
No es casual que hoy día, en una situación de grave crisis y con el desempleo alcanzando niveles inaceptables en la UE, particularmente entre los jóvenes, con el empobrecimiento enraizándose aun en partes de la clase media, que la extrema derecha neofascista haya llegado o forme parte de los gobiernos de varios países europeos. Una extrema derecha consistentemente antidemocrática que retoma las banderas del nacionalismo primario y excluyente, que no abandonó su esencia xenofóbica ni el uso de la lucha de clases para amedrentar a las fuerzas realmente progresistas, y que, como en su origen Mussolini y los nazis alemanes, tienen un demagógico discurso “anticapitalista” para atraer el voto de los trabajadores afectados por las bajas salariales o el despido, de la pequeña burguesía aplastada por los monopolios comerciales, industriales y financieros, de las clases medias empobrecidas y carentes de perspectivas.
Todo lo anterior es también válido para Gran Bretaña, EE.UU., Canadá y otros países capitalistas avanzados, donde es evidente una deriva autoritaria que se acentúa con la concentración del poder - por la exclusión evidente de los parlamentos y asambleas nacionales del proceso de debate y toma de decisiones de cualquier asunto de importancia - en manos de los Poderes Ejecutivos que defienden exclusivamente los intereses de las finanzas, de las transnacionales, las petroleras y mineras que a su vez financian los partidos políticos de gobierno, o sea los partidos que se alternan para fundamentalmente proseguir la misma política.
Esta deriva autoritaria para salvar los mercados autorregulados puede terminar en una vieja o nueva forma de totalitarismo. Todo está en su lugar para reprimir el descontento popular que lógicamente nacerá masivamente en los próximos meses, a medida que la situación se deteriore en muchos países. La represión es un elemento indispensable para poder aplicar esta austeridad salvaje. Así fue en Sudamérica, tierra de experimentación del neoliberalismo, de todas las terapias de choque y demás infamias del sistema imperialista, como suele recordar el historiador estadounidense Greg Grandin.
Nota
1.- Los “diez mandamientos” del CW están en su mayoría incluidos en los Tratados y principios que guían la UE. El Tratado adoptado el 30 de enero pasado retoma “primer mandamiento” y lo convierte en un absoluto: Disciplina presupuestaria. Los presupuestos públicos no pueden tener déficit.
Los nueve “mandamientos del CW” son los siguientes:
Reordenamiento de las prioridades del gasto público;
Reforma Impositiva (ampliar las bases de los impuestos y reducir los más altos);
Liberalización de los tipos de interés;
Un tipo de cambio de la moneda competitivo;
Liberalización del comercio internacional;
Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas;
Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales);
Desregulación de los mercados;
Protección de la propiedad privada.
- Alberto Rabilotta es periodista argentino - canadiense.
- Alberto Rabilotta es periodista argentino - canadiense.
http://alainet.org/active/52515
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La Demolición de Canada
Por Alberto Robilotta
Publicado en Alainet http://alainet.org/active/51796&lang=es
La gran crisis del capitalismo está permitiendo a la plutocracia financiera dominante destruir una a una todas las grandes conquistas socioeconómicas de los pueblos. Parecería que nada puede resistir a esa brutal aplanadora que cotidianamente deja un tendal de desempleados y excluidos. Y Canadá no es una excepción.
En Canadá el 2011 terminó y el 2012 comienza con dos importantes cierres patronales (lock-out) para cortar los salarios y destruir a los sindicatos. El primer lock-out es el de la empresa Electro-Motive Canadá de London, provincia de Ontario, una filial de la transnacional Carterpillar de Estados Unidos (EE.UU.) que exige de sus 420 trabajadores la aceptación de una baja de 50 por ciento en el salario, las pensiones y beneficios. El segundo lock-out es en la fundición de la transnacional minera Río Tinto Alcan en Alma, provincia de Québec, donde 780 trabajadores fueron impedidos de entrar al trabajo después de semanas de negociaciones infructuosas para renovar el contrato colectivo de trabajo, que expiró el domingo pasado.
Ambos casos no sorprenden. La baja de salarios y de las pensiones, y el debilitamiento o la demolición de los sindicatos se han convertido en la norma en Canadá bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper, que además ha limitado –por no decir eliminado- el derecho de huelga en el sector público federal y en el sector privado de registro federal, como fue evidente durante la reciente intervención del gobierno para poner fin a las huelgas en Correos Canadá –una empresa autónoma- y en Air Canadá, una empresa privada.
El año comienza, si uno sigue los titulares de los grandes diarios canadienses, como el Globe an Mail (G&M), con el recordatorio de que en las primeras tres horas del 2012 los ricos empresarios o ejecutivos ya ganaron el equivalente del salario anual promedio de un trabajador en el 2010 (1), o sea 44 mil 366 dólares canadienses (el dólar canadiense está casi en paridad con el estadounidense), y que el ingreso promedio de los “grandes jefes de empresas” en el 2010 fue equivalente a 189 salarios anuales del trabajador promedio, o sea de ocho millones 385 mil dólares, según los cálculos del Centro Canadiense para Políticas Alternativas (CCPA, en su sigla en inglés). Por su parte el Toronto Star, diario de mayor circulación en el país, destaca la misma información, enfatizando que en el 2010 los 100 ejecutivos mejor pagados del país se concedieron un aumento del 27 por ciento, mientras que el trabajador canadiense promedio solo logró un alza de 1.1 por ciento, o sea menos que la tasa de inflación.
Implantando la desigualdad a marcha forzada
Para quienes han vivido en Canadá durante las últimas cuatro o cinco décadas, como es el caso de quien esto escribe, es visible y palpable la rápida demolición a partir de mediados de los 90 y con una fuerte aceleración desde mediados de la década pasada, cuando los conservadores de Harper llagaron al gobierno, de un sistema que había alcanzado - entro de las economías capitalistas avanzadas-, niveles de igualdad más comparables a los países nórdicos de Europa que a los de EE.UU., como es constatable en las gráficas que miden el “índice Gini” en las últimas tres décadas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El último informe de la OCDE sobre el aumento de la desigualdad en los países miembros (2) revela que desde mediados de los años 90 del siglo pasado se agranda la brecha entre ricos y pobres en Canadá: El tope de la pirámide canadiense, el uno por ciento de los ricos, vio pasar su parte de los ingresos totales del país de 8.1 por ciento en 1980 a 13.3 por ciento en 2007, y la parte de la riqueza que se apropian los más ricos, el 0.1 por ciento, pasó del dos al 5.3 por ciento.
En gran medida esto se explica por la baja de impuestos que favorece a los más ricos: la tasa marginal sobre los ingresos personales que impone el Estado federal bajó 14 por ciento: de 43 por ciento en 1981 pasó a 29 por ciento en 2010, según las cifras de la OCDE.
En cuanto las grandes y medianas empresas canadienses y extranjeras establecidas en el país, que según la agencia Estadísticas Canadá tienen atesorados en reservas y depósitos bancarios más de 583 mil millones de dólares canadienses y 276 mil millones en divisas extranjeras – lo que significa un aumento del 9.0 por ciento desde el 2010 y del 27.3% desde el 2007 -, en el 2012 y por quinto año consecutivo recibirán una baja de su tributación federal, un regalo de dos mil 850 millones de dólares del gobierno conservador de Harper.
En efecto, en el 2012 se aplicará un recorte de 1.5% a la tributación de las empresas, que de esta manera tributarán una tasa del 15.0%, o sea 7.5 por ciento menos que en el 2007, y 15.0 por ciento menos que en la década de los 90.
Como se pregunta el economista Jim Stanford, del sindicato de Trabajadores Canadienses del Automóvil (CAW, en su sigla en inglés), ¿por qué razón en tiempos de déficits fiscales el gobierno se endeuda aun más para aumentar los flujos de capital de empresas que no están invirtiendo en la economía el capital sobre el cual están sentadas?
La creciente desigualdad de ingresos en Canadá se debe en gran medida a la combinación de varios factores, y en particular a la liberalización comercial que comenzó con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) a finales de los 80 y fue ampliado a México (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) en los 90. Esta liberalización comercial condujo directamente a la aplicación de las políticas de “flexibilización” del mercado laboral, o sea al combate contra los sindicatos para eliminar los contratos colectivos laborales que aseguran el empleo a tiempo completo, a la reducción de salarios, pensiones, beneficios marginales y condiciones laborales, y a la instauración del “trabajo independiente”, que como señala el informe de la OCDE sobre Canadá “incrementa la desigualdad de ingresos” porque los trabajadores “autoempleados” en general ganan menos, no tienen pensión asegurada ni tampoco gozan de beneficios marginales.
En otras palabras, en una economía capitalista la sindicalización asegura mejores salarios para los trabajadores adherentes, pero también impulsa el aumento del salario mínimo. La eliminación de los sindicatos, el objetivo de la política neoliberal, es para reducir los salarios, las pensiones y empeorar las condiciones laborales.
Craig Riddell, economista especializado en asuntos laborales de la Universidad de Colombia Británica, afirma que el 20 por ciento de la desigualdad en materia de ingresos que se produjo en las últimas décadas en Canadá puede ser atribuida “a la baja de la densidad sindical”, y agrega que esto es particularmente constatable en el sector privado, donde la baja de “densidad sindical” ha sido mas pronunciada.
Al papel de los sindicatos en la reducción de la desigualdad de los ingresos se han unido, históricamente, las medidas de redistribución del ingreso adoptadas a mediados de la década de los años 30 para combatir la Gran Depresión, incluyendo la tributación progresiva y las políticas de pleno empleo – el llamado Estado benefactor -, políticas estas que han sido o están siendo abolidas en las naciones del capitalismo avanzado donde están siendo aplicados los programas de austeridad para “reducir” los déficits fiscales.
De ahí la importancia del decreciente papel del Estado en la redistribución de la riqueza a través de la fiscalidad: Hasta mediados de los años 90, según la OCDE, el sistema tributario y de redistribución fiscal canadiense era tan efectivo para contrarrestar la desigualdad como los existentes en los países Nórdicos de Europa, logrando compensar más del 70 por ciento de la desigualdad por los ingresos provenientes del mercado (ganancias bursátiles, etcétera). El efecto de la redistribución ha declinado desde entonces y ahora “los impuestos y los beneficios solo compensan menos del 40 por ciento del aumento de la desigualdad”.
De Canadá al AcáNada
En el diario G&M del pasado 16 de diciembre el académico canadiense Gerald Caplan alerta, en un articulo titulado “Be very afraid: Stephen Harper is inventing a new Canada”, que hay que temer mucho el “nuevo Canadá” que el primer ministro Harper “está inventando” desde que llegó al gobierno en el 2006, y que ya “ha transformado dramáticamente el viejo Canadá”.
Caplan destaca que en Harper se ve la “naturaleza de los verdaderos creyentes e ideólogos que creen que cualquier medio justifica sus sagrados fines”, y retoma lo expresado por el analista canadiense Laurence Martín –del G&M-, de que al igual que los conservadores estadounidenses de quienes los ‘harperitas’ tienen tanta envidia, nuestro gobierno ha fabricado una nueva realidad que está imponiendo al pueblo canadiense.
El elemento central de la “nueva realidad” es la repudiación, cuando no le conviene al gobierno, de cosas tan “irrelevantes como las evidencias, hechos concretos o la racionalidad”, y después enumerar ejemplos bien concretos a partir de acciones ministeriales, Caplan enfatiza que los “valores (del Canadá de Harper) exigen cambios fundamentales en nuestro proceso de gobierno, como el ataque directo de los sindicatos, las medidas sin precedentes adoptadas para silenciar a las organizaciones no-gubernamentales, la mordaza de los ostensiblemente independientes supervisores federales, y el desprecio de décadas de valiosa diplomacia canadiense en la ONU.
“El nuevo Canadá es un lugar donde se le ha dado al militarismo un más preciado lugar que a las operaciones para mantener la paz”, y cita a Martín, para quien “bajo Stephen Harper el gobierno devino totalmente intrusivo () Los controles de Estado están ahora en el punto máximo de toda nuestra historia moderna. Y todas las indicaciones muestran que seguirán extendiéndose”.
Cualquier observador de la política canadiense puede constatar el desprecio manifestado por el actual Ejecutivo hacia el Parlamento; el cambio radical en materia de política exterior para alinearse con las políticas más agresivas de EE.UU. e Israel; la salida del Tratado de Kioto para torpedear cualquier avance destinado a frenar el recalentamiento global; la conclusión de tratados y acuerdos (como el relativo al perímetro de seguridad continental con EE.UU.) negociados sin consultas y a espaldas del Parlamento, entre otras muchas cosas más.
La lista es larga, y como escribe el analista Campbell Clark al hacer un balance del 2011 (G&M, 28 de diciembre 2011) “en un año en el que el mundo fue sacudido por la crisis financiera y las insurgencias árabes, también sufrió cambios la posición de Canadá. Antes de salirse del campo de batalla en Afganistán, en julio, (el gobierno) se unió a la guerra aérea en Libia. Al terminar (esta guerra) el señor Harper cantó victoria, y prometió que los militares estaban listos para más (misiones). (Harper) bloqueó parte de la declaración de la reunión de los lideres del G8 que exhortaba a negociaciones de paz en Israel, y resistió a la mayoría (de la Asamblea General) de Naciones Unidas al oponerse vocalmente al pedido de reconocimiento de un Estado palestino”.
Entre las instituciones canadienses que peligran, porque los conservadores no aceptan criticas ni mención de otra opinión que la gubernamental, está la emisora pública Radio-Canadá/Canadian Broadcasting Corp.
El 2012 también comienza en este Canadá de Harper con la iniciativa gubernamental para establecer, dentro del ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Libertad Religiosa (OLR), vista por analistas como otro signo del viraje conservador en materia de política exterior, y sin duda uno que entrelaza de manera sólida al gobierno conservador canadiense con los movimientos religiosos con posiciones muy conservadoras en el país y el extranjero. La OLR, según el G&M, podrá criticar públicamente a los “regímenes” que maltraten a las minorías religiosas, y sin necesidad de pasar por los filtros moderadores de la diplomacia ni expresar la posición del Parlamento.
En el “viejo Canadá” de la democracia liberal en un capitalismo bastante regulado, con sus muchos defectos que siguen vigentes o se agravan aun más bajo el gobierno de Harper, como la terrible situación de muchísimas comunidades indígenas, había empero muchas cosas positivas porque en el marco de América del Norte era la única sociedad relativamente igualitaria, progresista, afable, tolerante social y políticamente.
País de instituciones respetadas y respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados. ¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense; las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de depósitos e inversiones canadienses, como el Bank of Nova Scotia (Scotiabank), para citar uno que tiene tentáculos en casi toda América latina.
Notas
(1) El CCPA utiliza las cifras del 2010 porque no estaban disponibles las del 2011.
(2) OCDE: http://www.oecd.org/document/10/0,3746,fr_2649_33933_49147850_1_1_1_1,00.html
- Alberto Rabilotta es periodista argentino.
Los intelectuales y el proceso político argentino
Publicado el 04 enero 2011.
Un análisis del lugar que los hombres y las mujeres del “mundo de las ideas” tienen en las re-configuraciones políticas, en particular en el proyecto propuesto en este país desde 2003. El rescate de los intelectuales orgánicos y el rechazo al elitismo conservador.Por Roberto Follari* (APM)
Alguna vez aventuró Sartre que todo intelectual es un traidor en potencia. No lo decía en vano: la figura del intelectual, como supuesta voz crítica puesta por encima de la de los comunes mortales, evoca una soledad aristocrática muy poco solidaria. El intelectual cree que es dueño del concepto, aun cuando, si no hay historia, no hay concepto de la misma; lo cual quiere decir que si no hay concreta lucha de los sectores populares, mal podría haber alguna teoría referida a esa lucha.
Es interesante cómo se lo pensó en el siglo XIX desde Europa: la teoría revolucionaria como “forma teórica” de la práctica de los sectores sociales dominados. Es decir, la teoría como cristalización conceptual de la conciencia colectiva, nunca como pretendida razón que se cierra sobre sí misma, o que se “inventa” al interior de los espacios académicos.
Esto no debe implicar ningún desprecio por la teoría; alpargatas sí, libros también. La amalgama de práctica y teoría es lo que hace fecundo un movimiento histórico, y cierto desprecio argentino por el valor de la teoría no debe ser aceptado: sin ella, la práctica se hace ciega, y como dijera un gran revolucionario, “nada hay más práctico que una buena teoría”.
Esto lo explicitó muy bien aquel gran pensador italiano, Antonio Gramsci, cuando presentó su teoría de la hegemonía. Él decía que sin intelectuales un proceso político de rebeldía contra el sistema, no podía funcionar. Pero no porque ellos deban dirigir los movimientos, ni porque inventen sus posturas desde la nada; sí porque, en la medida en que efectivamente trabajen orgánicamente con los sectores populares, ayudan a que éstos puedan hacer concepto de su práctica dispersa, de su experiencia fragmentaria. Los intelectuales no inventarían, pero sí coordinarían y ayudarían a pensar las prácticas sociales. Y esto es sin dudas así, pues cuando han faltado -fue el sonado caso posterior a la revolución mexicana- ha sido posible sumir a los sectores subordinados en el silencio, la atomización y la imposibilidad de una mirada propia.
Ello no da razón para que los intelectuales se crean una casta superior. No sólo han contribuido a producir burocracias que arruinaron en parte procesos políticos muy promisorios -es el caso de la misma revolución rusa-, sino que, cuando habla Gramsci de su valor para lo popular, hay que pensar en todos los hoy llamados “analistas simbólicos”: docentes, sacerdotes, periodistas, que también son intelectuales imprescindibles para forjar el cemento social de los sectores sociales “de abajo”. No sólo –y a veces no principalmente- se trata de los intelectuales en sentido más restringido, ya sea que éstos sean artistas y/o universitarios.
Lo cierto es que el intelectual tiende a mirar su propio interés primordialmente; lo cual poco tiene de extraño en la sociedad capitalista, sólo que la laxa organización de lo académico (sin horarios ni burocracias muy rígidos) lleva a que cada uno sea más definidamente el centro de sí mismo, tenga poco y a pocos para obedecer, y por ello se sitúe en una especie de autonomía de intereses (la que he intentado dibujar en mi libro La selva académica, publicado en 2008).
Por esto, el intelectual sólo sale de su aislamiento ombliguista si de alguna manera interviene en lo político y/o lo social, si efectivamente pasa a formar parte de un colectivo que lo trascienda, si su suerte pasa a ser la suerte de una identidad que vaya más allá de la propia. Y para ello, hay que trabajar solidariamente en alguna forma de organización social o política.
Por ello, no extraña que la mayoría de los intelectuales haga pases de torero eludiendo definiciones y responsabilidades en el actual proceso político argentino, en tanto esa pertenencia a organizaciones que los trasciendan es minoritaria y puntual.
Una de las actitudes más habituales, es la de presentarse académicamente como “de izquierda” –en facultades y carreras de humanidades y ciencias sociales, sobre todo- en un sentido muy amplio, vago y genérico, sin comprometerse con ninguna política concreta. Es obvio que en ese caso se plasma una total falta de compromiso o de testimonio en relación con lo que se predica, y que no se está a la altura del propio pensamiento ni de la propia ideología, dado que no hay la capacidad para poner de algún modo el cuerpo en la discusión pública y la pelea mediática. Hacer lo cual, incluso cuando no se pertenece a una organización determinada, conlleva definiciones políticas precisas y elección entre diversas posiciones de la izquierda, a favor de unas y en contra de otras.
La comodidad prefiere no estar a favor de nada, para no quedar mal con nadie. Patéticamente, muchos estudiantes aplauden más a un académico, cuanto más éste sea incapaz de asumir posiciones definidas. Entonces, cada uno pondrá en él sus propias proyecciones, y todos lo verán cercano a sus propias tomas de partido; como él no tiene ninguna, es como si las tuviera todas. De modo que ninguna política que quede mejor, entre los intelectuales, que la de no hacer política. Se trata de una situación francamente paradójica y de lamentar, sobre la cual reina el mayor silencio en las universidades, pues muchos se benefician de esta indefinición crónica.
Otros optan por la “solución platónica”: la de proponer un infantil ultraizquierdismo que sólo se sostiene dentro de la universidad, y proponer posturas muy coherentes en el plano de la propia conciencia, pero por completo ajenas a la realidad e impotentes frente a la misma. Así, las posturas snob, más preocupadas por la propia elegancia que por cambiar en algo la realidad social, detestan a la realidad política misma, por ser impura, sucia, estar llena de corrupciones y contradicciones. Mejor que ello es no ensuciarse las manos, y mirar de afuera -con aires de superioridad poco explicables- los procesos políticos concretos.
No me cansaré de repetirlo: conozco bien el proceso venezolano, y también el ecuatoriano actuales. Y aquellos que son chavistas y anti-kirchneristas desde Argentina, lo son sólo porque no toleran la política desde cerca, sus imperfecciones e impurezas; si estuvieran en Venezuela serían antichavistas y prokirchneristas, pues desde lejos todo se puede idealizar. Y en Ecuador serían kirchneristas y chavistas, pero anti-correístas. Es obvio: cuando ven de cerca la política, salen corriendo. No tolerarían los intereses empresariales que, inevitablemente, acompañan a Correa y a Chávez, aunque tales intereses estén ahora en una posición subordinada que no es la que han tenido durante los gobiernos neoliberales.
Expresión de todo esto son también las “derechas ilustradas” que alguna vez posaron de ser de izquierda, tal el caso de los lopezmurphystas –y vaya que es ir detrás de una muy modesta ambición, como dijera Borges- que hicieron campaña junto al módico político ultraliberal: Santiago Kovadloff, Juan José Sebreli y el inefable Marcos Aguinis. Todo un arco de decadencia del pensamiento y sumisión al poder económico y mediático.
No lejos de ello se ubica la errática prédica de Beatriz Sarlo, otrora intelectual de izquierda, hoy escribiente permanente del diario La Nación, donde sus escritos no producen ruido alguno con la línea reaccionaria y golpista del mismo, de modo que se mantienen; no episódicamente –que bien podría escribirse algo contra la línea editorial dominante del diario- sino permanentemente, como columnista no casualmente presente allí.
Los ataques de Sarlo al proceso político actual, poco muestran de conciencia crítica interior a un proceso en curso; son oposición lisa y llana, al objetivo servicio del posible retorno de las políticas que fueron dejadas atrás en el 2001. Salvo que se nos convenza de la ingenuidad de creer que, si se va el kirchnerismo, sobrevendrá no un gobierno de derechas, sino alguna extraña aparición de izquierdas de gran calibre electoral, por ahora simplemente impensable (salvo que alguien pretenda adscribir, en ámbito cercano a la ciencia ficción, posibilidades a Fernando Solanas dentro de ese exitoso rubro).
Hay también algunos casos de regresiones no muy precisables, como la de Pacho O¨Donnell, quien con cara de “yo no fui” ha restablecido su antigua imagen de progresista, y logrado enterrar en gran medida el recuerdo de su lamentable participación en el menemismo. No está mal que cambie de posición; sí lo está que no explique tal cambio y haga como que nunca existió, y peor está que los periodistas y escritores del campo popular no le pidan cuentas.
Pero también es cierto que en el espacio de Internet y de los mensajes por mail, de las organizaciones de base, del trabajo con planes sociales, existen muchos intelectuales comprometidos, no de los más ruidosos, pero sí de los más coherentes -y no sólo entre quienes apoyan al gobierno nacional-. Ello implica una tarea silenciosa, diaria, que no siempre se expresa en escritos académicos o en intervenciones en los grandes medios, pero sí redunda en efectos prácticos de importancia.
Y están esos otros intelectuales, Horacio González y Ricardo Forster son ejemplo de ello, que se han jugado políticamente con el actual proceso, tanto en lo personal como a través de la original producción del grupo Carta Abierta. Esta es una organización horizontal en su funcionamiento y plural en su composición, que ha abierto a la intelectualidad hacia la posibilidad de intervención política no-partidaria -pero que no excluye a esta última-. Toda una novedad dentro del campo intelectual nacional, que ha dado lugar por reacción -reacción que al ser tal no deja de ser un reflejo pálido y vacío- a la formación de grupos de intelectuales opositores como aquel en que figura Aguinis.
Y es de destacar la valentía de la actitud de González, Forster y Cía, pues quienes militamos en este espacio, hemos pasado largamente por el desierto, por la recepción permanente del insulto y la despección durante un largo período. Apoyar al gobierno nacional era equivalente a “ser el loco de la cuadra”, el desubicado de la familia, en tiempos en que la ofensiva mediática se llevaba por delante a la conciencia de gran parte de las clases medias del país, tras el conflicto con la patronal del mal llamado “campo” -las propiedades agrarias de la Pampa Húmeda-.
Pero una voz que no se apaga cuando se está en resistencia, se convierte en diez voces cuando se pasa a una posición favorable. Quienes no callaron ni se achicaron en el momento más difícil, ven hoy que su esfuerzo no ha sido en vano. Y si bien nadie sabe qué pasará con las elecciones del 2011 y los intentos previos de desestabilización a que estamos asistiendo, está claro que el ánimo social hoy apoya ampliamente al gobierno nacional, y que quienes se animaron a jugar su prestigio y su imagen en la defensa del mismo, no lo hicieron al garete sino muy fructíferamente.
Fuente: Aluvión Digital
http://www.aluvionpopular.com.ar/?p=2581
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